En casi un mes, como producto de las fuertes precipitaciones y desbordes de agua, casi dos millones de hectáreas fueron afectadas según cifras oficiales, que son las primeras aportadas por el Gobierno nacional durante las últimas horas, en voz del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien anunció la declaración de emergencia agropecuaria en 64 municipios.
Los números, en rigor, corresponden a la primera quincena de agosto y los números -explicó el funcionario- redundarán en beneficios tanto impositivos como financieros para productores afectados, además de que permitirán un desembolso por 500 millones de pesos para la realización de obras que servirán tanto para el mantenimiento como la recuperación de caminos y limpieza de canales.
Según las estimaciones brindadas por las autoridades nacionales, las inundaciones dejaron anegadas 1.170.450 hectáreas, mientras que otras 787.925 hectáreas quedaron completamente cubiertas de agua, en tres áreas de afectación: la cuenca del Salado, el noroeste bonaerense y las cuencas del Río Luján y arroyo de la Cruz y Areco. Esto representa un 6 por ciento de la superficie total, un universo decididamente importante.
"Se observa claramente la concentración de agua en la cuenca del Salado y, a diferencia de lo ocurrido el año anterior, esta vez se observa un área con gran extensión al noroeste de la provincia: Lincoln, Junín, Viamonte, Bragado y Chacabuco. Esta agua drena hacia la depresión del Salado y provoca aun mayor presión sobre esta zona baja", explica el informe detallado por Kicillof.
Estos datos, sin embargo, están en conflicto con los arrojados por el sector rural. Las entidades agropecuarias más importantes hablan de 4.200.000 hectáreas comprometidas por las inundaciones, o sea, el doble que lo informado oficialmente en las últimas horas. Esos últimos corren por cuenta de Héctor Salaverri, que es el titular de CARBAP, una de las organizaciones agropecuarias más importantes y que nuclea a productores de Buenos Aires y La Pampa.
Como sea, las emergencias estarán vigentes entre este 1° de septiembre y el 31 de diciembre de este año. Las declaraciones posibilitarán que los productores con más del 50 por ciento de sus campos abatidos por el agua soliciten y obtengan el certificado de emergencia para acceder a los beneficios en materia impositiva, cuyo costo fiscal estiman en 40 millones de pesos.
Las medidas incluyen la prórroga del vencimiento de impuestos existentes ante la AFIP que graven el patrimonio, los capitales o ganancias de las explotaciones; la deducción del 100 por ciento de Ganancias, en este caso derivada de los beneficios percibidos por la venta forzada de la hacienda; y la suspensión de juicios fiscales por la AFIP.
También hay beneficios financieros otorgados por el Banco Nación, entre ellos la prórroga de todos los vencimientos. Por no mencionar la prolongación del plazo total para los productores de las bonificaciones que ya tenían otorgadas a través del Ministerio de Agricultura.
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